Exageradas las reacciones de Arena a raíz del
desafuero de la diputada Ana Vilma de Escobar. Sus voceros, los de la empresa
privada y columnistas afines hablan de “persecución política”, de ruptura del
clima de diálogo y entendimiento, de que el partido FMLN está destruyendo los
puentes entre gobierno y oposición. ¿Será cierto que sólo una de las partes es responsable
del tensionamiento que se ha generado? ¿No habrá alguna culpabilidad en la que
ahora quiere presentarse como víctima?
La diputada y sus amigos exigen “presunción de
inocencia” para la acusada por calumnia
y difamación, pero le aplican “presunción de culpabilidad” a Mauricio Funes. Ana Vilma de Escobar, en plena campaña
electoral, no tuvo empacho en decir montón de cosas y hacer toda suerte de
conjeturas sobre el entonces presidente. Lo señaló de alcohólico y drogadicto.
Mucho atrevimiento, para que quedara sin consecuencias.
Ciertamente se dieron varias circunstancias
coincidentes: que un aparatoso accidente de tráfico se diera en las cercanías
de la residencia presidencial, que esa misma madrugada el gobernante hubiera
regresado al país en un vuelo privado, que horas después tuviese que ser ingresado
a un hospital aquejado de una fractura de cadera. Todo ello dio pie a un alud
de rumores y la diputada cometió la imprudencia de darles credibilidad,
difundirlos ante los medios y solicitar su investigación.
Enfrentada ahora a la posibilidad de tener que encarar
en los tribunales un juicio por calumnia y difamación ella debería probar las
siguientes cosas: que Mauricio Funes estaba en el Ferrari que se accidentó esa
noche, que su hospitalización fue demorada por estar “alcoholizado”, que lleva
una “vida desordenada”, que él “consume alcohol y otras sustancias”. Todos pudimos
ver y oír en televisión las declaraciones de Ana Vilma de Escobar, por lo que
resulta de sentido común considerar que son “indicio de configuración de
delito”. A no ser que la señora pudiese comprobar que sus afirmaciones son
verídicas. Esto último no debe ser fácil, o tal vez resulte imposible, a juzgar
por los intentos desesperados de ella y sus amigos para no perder el fuero y
evitar llegar a tribunales.
El primer truco fue – aunque clamaban contra la
necesidad de instalar una comisión de ante-juicio – apuntarse para formar parte
de la misma. Con ello lograron una correlación favorable: 3 votos de Arena, uno
del ex-PDC y otro de PCN, suman 5 votos con los que sobrepasar los 3 de FMLN y
1 de GANA. Sin buscar una resolución de consenso, aplicando la aritmética simple
de la mayoría, forzaron un dictamen de “no ha lugar” para mantenerle el fuero.
Se les olvidó que la aritmética que cuenta es la del
pleno de la Asamblea Legislativa. El FMLN ha aprendido los ardides del
parlamentarismo burgués y lo demostró una vez más: dado que, emitido el
dictamen, técnicamente la comisión especial deja de existir, se adujo que no
tenía sentido rechazar el dictamen para devolverlo a una ya inexistente
comisión, y se procedió a votar la solicitud de ante-juicio del fiscal,
procediendo a retirarle el fuero a la parlamentaria por mayoría simple de 44
votos.
De nada sirvió haber llevado una “barra” de alrededor
de 200 personas que gritaban su respaldo a la diputada, ni su ambiguo discurso
de “lamentar” los hechos y declaraciones de ese día, que no fue aceptado como disculpas públicas por
la bancada efemelenista. Respaldaron a Mauricio Funes quien expresó en su
momento que quería “sentar un precedente”. Habitual ha sido en el país que “cualquiera
puede decir cualquier cosa de cualquiera y no pasa nada”. Eso debe terminarse y
darle seriedad a los delitos contra el honor, terminando con la impunidad en
este tema.
Acciones delictuosas han de ser juzgadas, pues nadie
está por encima de la ley, ni tan siquiera el legislador. Sólo que existe
un procedimiento especial para ello, el
proceso de ante-juicio o de desafuero, por el que los propios colegas, de buena
fe, deben determinar si hay indicios de acción delictiva y, en tal caso, suspender
provisoriamente la inmunidad al parlamentario, que enfrentará en los tribunales
de justicia la acusación de que es objeto.
El hecho es que Arena no tiene correlación en la
Asamblea Legislativa para imponer su capricho en estos procesos, como acabamos
de comprobar. Tampoco es claro que Ana Vilma de Escobar tenga correlación
dentro de su partido Arena, para mantener por mucho tiempo la solidaridad y
apoyo que hoy obtuvo. Si quedase inhabilitada para su reelección como diputada
(igual el caso de Roberto d´Aubuisson y el de Ernesto Muyshondt) sin duda habrá
rivales que se alegrarán. “Al fin y al cabo – dirán para sus adentros – ¿quién
les mandaba abrir la boca y decir lo que dijeron?
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